De holocaustos y vilezas
Darío Botero Pérez
Doblez moral
Siempre me he preguntado qué responsabilidad pueden tener Gustavo Petro, u otros como Antonio Navarro Wolf, Carlos Lucio o Vera Grave, en la toma del Palacio de Justicia; sobre todo en un régimen tan corrupto, en el cual las inhabilidades éticas, morales y legales se las pasan por la faja los funcionarios.
El cohecho sólo tiene culpables en quienes lo reciben, no en quienes lo proponen y financian (Yidis y Teodolindo); el tráfico de influencias es vergonzoso e impune (Tomás y Jerónimo; Agro Ingreso Seguro); los crímenes del Estado se ocultan o, cuando su conocimiento es público, se contratan abogados de cuenta del erario para defender a los criminales que hacen parte de la burocracia estatal (Matanzas del Aro y San José de Apartadó; prevaricatos de los congresistas); o se dejan vencer los términos para decretar impunidades (falsos positivos, magnicidios).
Y éstos son apenas botoncitos de la ruina política causada por los descendientes de los inútiles que llevan 200 años demostrando su ineptitud y sus míseras ambiciones de apátridas desvergonzados; pero están prestos a celebrar su estruendoso fracaso (su parto de los montes) en la construcción de países viables en las repúblicas bolivarianas (y otras de igual origen independentista y semejante desarrollo, rastrero y arrodillado).
Se asombran de que Castro o Chávez no hayan podido construir paraísos en sus años de gobierno, aunque exhiban algunos éxitos innegables y ejemplares en la atención de las necesidades básicas de toda la población. Es algo que ni Chile ha logrado; y eso que es la vitrina del neoliberalismo en nuestro hemisferio latinoamericano. Ni siquiera USA puede exhibir algo similar a la atención universal en salud y educación, que son ciertas en Cuba y Venezuela.
Pero consideran normal que la vida en los demás países sea afrentosa y sin futuro para las mayorías abandonadas a su suerte, mientras los oligarcas parásitos y vendepatrias disfrutan de privilegios abusivos; el saqueo de las riquezas naturales es despiadado y depredador; y el pueblo se debate en la miseria, el abandono y la explotación más inmisericorde. Y eso que los herederos de los criollos y sus secuaces llevan 200 años cabalgando sobre los pueblos y dilapidando las riquezas de las naciones a título de gobernantes siempre fracasados.
Putrefacción institucional
En cuanto a la asada de magistrados, Belisario la avaló y no hizo nada por impedirla, quizás gozoso recordando su ejemplar impunidad histórica en el crimen de los huelguistas de Cementos El Cairo, en Santa Bárbara, Antioquia, a quienes no tuvo inconveniente en ordenar pasarles por encima los camiones cargados, para romper la huelga, cuando fue ministro del trabajo de Guillermo León Valencia.
Pero, si murieron todos los guerrilleros que protagonizaron la toma, ¿Cómo se puede castigar a quienes cuya relación con el crimen simplemente consiste en ser militantes de la organización que se prestó para ejecutarlo, sirviéndoles de marionetas a los criminales de charreteras y sus socios-patrones narcotraficantes y asesinos?
El régimen mafioso, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, ha sostenido que la responsabilidad es personal. Pero, para los uribistas, ni las más evidentes y escandalosas tropelías merecen castigo si las comete alguno de su jauría.
Por eso, ya no se habla de inhabilidades, de modo que el ministro del Interior y de Justicia puede ejercer aunque su hermano esté acusado de serios delitos, y sea conocido que su cargo de Fiscal Seccional -que utilizó para servirles a los capos a cambio de favores-, lo obtuvo por los méritos de su talentoso y “sacrificado” hermano, reconocido cacique conservador de vieja data, en Antioquia y con proyección nacional.
O el jefe de la policía, general Óscar Naranjo, puede tener un hermano purgando condena en Alemania por narcotraficante. O capos condenados pueden recibir subsidios del Estado.
O congresistas pueden violar los regímenes de inhabilidades y hasta aspirar a regir los destinos de la nación, como la inefable ex ministra Martha Lucía Ramírez, contratista privilegiada con el Estado, lo que la inhabilita legalmente para aspirar a cargos públicos, pero no fue obstáculo para insistir en su candidatura, hoy totalmente descaecida. Estuvo convencida de que si pudo manejar las tropas, el país también lo manejaría, siempre y cuando no dejase de echarles flores a la Seguridad Democrática y su iluminado gestor.
Entonces, ¿Por qué no aplican el mismo criterio con los casos de los subversivos o de quienes aparentaron serlo? ¿Por qué se esmeraron en consagrar las impunidades de los paramilitares mientras buscan aplastar una oposición atolondrada, acusándola de conductas que son de uso corriente entre los corifeos del degenerado régimen?
¿Por qué no se las cobran a Belisario Betancur y sus ministros, cuya responsabilidad es insoslayable y directa?
Pues porque hace años hemos caído en la república mafiosa y neoliberal que reemplazó el modelo de sustitución de importaciones que había impulsado la CEPAL y ofrecía algunas esperanzas de desarrollo autónomo y de defensa de la soberanía alimentaria, cuando menos.
Está bien que se inventen chivos expiatorios (los subversivos asumen esa eventualidad cuando resuelven tomar las armas), pero no es razonable que dejen a los lobos seguir haciendo de las suyas, con todo cinismo, cuando todos sabemos que su culpabilidad es evidente.
Decencia venal
Ahora, en las garras del Supremo, la situación es peor, porque sólo su criterio vale. Apenas nos deja esperanzas de redimirnos en el cielo, después de muertos, mientras vivimos de una vez el aterrador infierno que se empeña en que experimentemos acá en la tierra, para evitarnos el doloroso tránsito por ese lugar que, para los funcionarios del régimen, es su hogar, pues su condición de demonios es innegable, y la ejercen a diestra, centro y siniestra.
No obstante, es tan evidente la descomposición que favorece el nombramiento de funcionarios y la elección de representantes claramente vinculados con criminales, que el partido de la U ha resuelto rechazar postulantes que directa o indirectamente estén relacionados con grupos armados ilegales (paramilitares, específicamente, pues las Karinas guerrilleras que apoyan al gobierno son poquísimas)
Dado que se trata del grupúsculo estrella del uribismo, tal medida demagógica significa el reconocimiento del carácter ilegal de muchos funcionarios que deberían estar en la cárcel en vez de ejerciendo funciones públicas.
Pero ya sabemos que Uribe insiste en utilizarlos antes de que caigan presos, lo que retrata de cuerpo entero la ilegalidad de su gobierno.
A pesar de las buenas intenciones del maquillaje, esa aparente decencia no alcanza a cubrir el hedor de los políticos que han apoyado a Uribe para asegurarse prebendas e impunidad.
Hasta puede que sus simpatizantes entiendan que los escrúpulos de Roy Barreras, tan hábil escudero de Uribe, son recursos electorales en vez de convicciones morales, pues son de conocimiento público sus maniobras para sostener el régimen de la Seguridad Democrática y la Confianza Inversionista, pisoteando todas las normas de la decencia y muchas del código penal.
Tan destacados dirigentes saben que hay gente decente que creyó en Uribe pero está dudando en seguir apoyándolo debido al carácter abiertamente criminal de muchos de quienes lo rodean y hacen política en su nombre. Además, están considerando cambiarlo por Juan Manuel Santos, quien les inspira más confianza debido a su innegable carácter de oligarca de la vieja guardia.
Por eso, confían en que aparentar decencia puede servirles para conservar algunos votos de uribistas honestos y bien intencionados, si es que queda alguno.
Pero así ponen en evidencia el sucio régimen imperante, porque su costumbre es vincular el tipo de personajes que el partido de la U, en la actual campaña, pretende impedir que se le vuelvan a colar y quienes, entre tantas canalladas, aprobaron el proyecto de referendo reeleccionista, viciado por todas partes aunque el Procurador de bolsillo lo autorice, dándole ánimos a la Corte Constitucional para que lo apruebe a pesar de sus protuberantes vicios de forma y sus manipulaciones de fondo.
Al fin y al cabo, si aprobaron la primera reelección, evidentemente ilegal, según lo ponen de presente las condenas a Yidis y Teodolindo, no hay razón para que ahora salgan con escrúpulos que a nadie convencerían, según supone el procurador Ordóñez. ¿Será que le temen a la Corte Penal Internacional? Pronto lo sabremos.
Lo más probable es que se plieguen a las ambiciones del Supremo y sus huestes delincuenciales, aunque la ambición de Juan Manuel puede causar sorpresas, resultando tan grande como la del domador de caballos que llegó a presidente.
Sus ganas de traicionar al gurú son obvias, pero sus votos no los puede dejar escapar. Por tanto, tiene que hilar delgadito y seguir echándole incienso ante los furibistas, de modo que no vaya a descalificarlo como su más idóneo reemplazo, torciendo hacia el macabro Uribito su apoyo y los votos de quienes lo adoran.
Esa es la alta política de los enemigos de la nación, prestos a celebrar 200 años de lo que llaman “independencia” pero no pasa de ser una abyecta esclavitud que Uribe pretende legalizar y eternizar mediante el TLC con USA, del cual nos ha venido salvando el Corazón de Jesús, aunque ya está que saca la mano y nos deja librados a los caprichos e intereses de los amos del norte.
Pacto anticonstitucional
Quizás considera que con la renuncia a la soberanía que significan las siete bases militares, el TLC pasa a la categoría de simple “abuso de confianza” que no dejarán de cometer, sobre todo ahora que necesitan mercados con urgencia para intentar paliar su crisis.
Sin duda, Evo Morales tuvo razón cuando denunció una maniobra similar de Alán García, en quien también pensaron los usanos para reemplazar la base de Manta que el gobierno de Correa se negó a prorrogarles.
Finalmente, Uribe se las septuplicó, quitándole el privilegio a García y cometiendo su mayor pecado contra la Constitución, la Patria y los pueblos hermanos.
Las razones de Morales conservan plena vigencia. Evidentemente, para cualquier ciudadano digno, “las ‘intromisiones militares’ de E. U. ya no son asunto interno de un país sino un problema para toda la región, que ‘avanza con pasos muy firmes’ hacia la integración”. (“¿Por qué no te callas?”. El Colombiano, julio 2 de 2008, p. 12 a.)
Y tiene toda la razón cuando afirma que “sé cómo es vivir en una base militar de E. U.: manda a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía, participa de la represión del pueblo” (id.)
Por tanto, es urgente denunciar y rechazar con todo el vigor el afrentoso pacto que autoriza la invasión. Los vecinos lo están haciendo, pero la responsabilidad directa es del pueblo colombiano, a no ser que quiera ser cómplice del gobierno arrodillado y traidor.
En estos momentos, es la tarea más urgente y vital para conservar la independencia que dicen haber conquistado hace 200 años nuestros heroicos criollos, aunque los hechos comprueban que siempre han buscado tutelas en potencias extranjeras, y actualmente hasta han vuelto a darle entrada a España. No por nada (por muchos intereses particulares, aunque pocón de dinero para el erario) se quedó con nuestra empresa insignia de telecomunicaciones, Telecom.
En fin, el pueblo tiene la palabra, pues una golondrina no hace verano. Es de esperarse que hablemos; es fácil y bien útil. Constituye la herramienta democrática por excelencia.
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