INDEPENDENCIAS Y REVOLUCIONES
Darío Botero Pérez
CONTENIDO
Motivos de subversión
Efecto de los motivos
Solución de los motivos
La espantosa desigualdad
Motivos de capos
Actos de guerrilleros
Legítimos gestores de la solución
Motivos de guerras
Ejecución de ciudadanos
Revolución auténtica
Motivos de subversión
Ante una iniquidad tan general, profunda y persistente, la pretensión de quienes la promueven es absurda.
Explico. El conflicto colombiano -que, desde el mismo 1810, se ha expresado en guerras civiles entre los criollos ambiciosos que heredaron los privilegios de los agentes del imperio español- se replicó prácticamente en todas nuestras gloriosas republicas bicentenarias, eternizando la injusticia social fundada en la división de clases.
Rojo y azul han sido los colores de las banderas de los nuevos potentados en nuestras naciones. Muchos de éstos presumen ser descendientes de la nobleza venida a menos que representó a las coronas ibéricas en estas tierras, aunque pululan los advenedizos de orígenes diversos.
Tras 200 años desgobernando y saqueando, han demostrado, sin lugar a dudas, su ineptitud, tanto como su preferencia por sí mismos y sus amos extranjeros.
Tal lección es innegable, la hemos aprendido y estamos dispuestos a ponerla en práctica. Llegó el tiempo de preferirnos a nosotros mismos, a todos los que conformamos las mayorías hasta ahora sometidas a quienes se creen superiores, aunque no pasan de ser unos ambiciosos ineptos, desalmados e inescrupulosos, pero convencidos de que son grandes estadistas.
En Colombia, el pueblo collarejo se mataba entre liberales y conservadores -nuestros rojos y azules- desde los inicios de la república, al llamado de los nuevos mayordomos con ínfulas de hacendados, de uno u otro color.
La denominada “Violencia” ha sido explícita desde el bogotazo conque el pueblo respondió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Pero fue fomentada, por los conservadores o “godos”, desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, como lo había denunciado aquel durante la llamada “Marcha del Silencio”.
Una vez dada por concluida oficialmente, aunque recrudecida en la práctica, las guerrillas liberal y conservadora fueron abandonadas a su suerte por sus jefes, tras el acuerdo de 1957, que denominaron “Frente Nacional”. Mediante éste, los cacique políticos tradicionales resolvieron turnarse el saqueo de la república entre las dos colectividades “históricas”, con exclusión de cualquier otra ambición partidista diferente.
Efecto de los motivos
Por tal motivo, mientras la conservadora degeneró en bandolerismo, la de origen liberal se transformó en un grupo de auto defensa frente a los ataques inmisericordes del gobierno para exterminarla.
Estimulada por el “foquismo” que les permitió a los barbudos de la Sierra Maestra tomarse el poder en Cuba, pronto se declaró como una guerrilla de tinte marxista, mediante la fundación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Éstas fueron secundadas por diferentes expresiones guerrilleras, como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), de inspiración católica, al que se afilió el cura y sociólogo Camilo Torres Restrepo, adolorido por la iniquidad y convencido de que “el que escruta elige”, de modo que sólo a través de las armas los marginados tendrían alguna esperanza de acceder al poder.
Con este gesto, que tanto les ha dolido a los potentados criollos, el pueblo les notificó que ya no es collarejo, a pesar de lo que sigan pensando quienes lo han manipulado durante tantos años.
Por eso, la pretensión con que se inicia este escrito, consistente en que las guerrillas se le rindan a un régimen cada vez más corrupto, es otra soberana estupidez de quienes lo dirigen. Pero como que su estulticia aún les da dividendos entre los sectores políticamente más atrasados, actualmente representados por los furibistas incondicionales.
Y no es que el pueblo ame la guerra sino que sus elementos armados, declarados en subversión por razones históricas claramente discernibles, tienen la obligación de oponerse a los criminales que pisotean toda legalidad y no dudarían en matarlos una vez desarmados.
Fehacientemente lo prueban, entre tantos crímenes oficiales, la carnicería constante de pueblo inerme (los “falsos positivos” son el antecedente reciente más escandaloso) o la eliminación de la Unión Patriótica en los 90, mediante el asesinato de casi todos sus dirigentes y muchos militantes y simpatizantes.
Además, si no existiese esa barrera armada que frena a los vendepatria y sus amos extranjeros, el saqueo imperialista habría alcanzado proporciones inmensas, hasta el punto de que ya no habría nada que defender, a no ser pedregales y desiertos como los que deja la minería a cielo abierto, que tan autorizada está por el régimen uribista para seguir destruyendo, en 2010, nuestro medio ambiente en zonas notablemente sensibles y vulnerables.
Por cierto, su émulo Oscar Arias Sánchez está haciendo lo mismo en Costa Rica, el “País Verde”. Ambos son notables lacayos del neoliberalismo. Pretenden ignorar su enorme descrédito debido a los daños que ha causado, y rivalizan por servirle al imperio que nos lo impuso. Son los mas destacados en nuestra región, y de ninguna manera están dispuestos a darle prelación a otros semejantes, como Alan García o Felipe Calderón.
Solución de los motivos
Desde luego, su permanencia es un anacronismo, y pocos apoyan la toma del poder por la vía armada. Pero la mayoría entiende que las guerrillas son expresiones de defensa legítima de las masas desamparadas, en una sociedad clasista afrentosamente injusta y que le ha cerrado todas las puertas a la población para adelantar una eficaz acción política de oposición, mientras nos somete a la dictadura de hecho, que nos asola, de forma particularmente aguda, desde el primer mandato de Uribe.
Deben permanecer mientras la sociedad civil adelanta las reformas que permitan la reconciliación nacional con base en el reconocimiento real de los derechos de todos a vivir con dignidad, libres de la opresión, la explotación y el acoso de la miseria y de las “autoridades”.
Éstas, en 200 años, lo máximo que han logrado es transformar a Colombia en una república neoliberal y mafiosa que avergüenza a los verdaderos patriotas y amenaza con convertirnos en un país inviable y paria.
En consecuencia, es urgente asumir las riendas de nuestro destino común, oponiéndonos con toda decisión a la prolongación del funesto régimen imperante.
Lo que el pueblo quiere y necesita, incluyendo a los alzados en armas que combaten el oprobioso régimen –confrontados por los paramilitares que lo apuntalan como parte de sus actividades criminales dirigidas a asegurarse poder y enriquecimiento personales-, es que el reconocimiento universal de los derechos desactive el detonante de la violencia.
La espantosa desigualdad
Dicho detonante lo conforman la miseria, la ignorancia, el desplazamiento, la exclusión y todas las calamidades sociales que el sistema imperante se niega a resolver, pero se esmera en perpetuar y agudizar. Busca llevarlas a un nivel superior que garantice su capacidad para auto-reproducirse.
Así, los potentados pueden desentenderse de tan molesta, vulgar y repugnante realidad. La consideran apropiada para las masas pobres condenadas a la inferioridad, el hambre, la ignorancia, el desprecio; a la vida vil, en una palabra, desde siempre. Pero se esmeran en que siga siendo ajena a sus propias vidas, cuya realidad es regia.
Lo único que les preocupa es que el descontento y la iniquidad puedan transformarse y expresarse en violencia política revolucionaria; en guerrillas que les disputen su monopolio del poder y los placeres. El caso del Salvador es ejemplarizante. Mientras las guerrillas actuaron, la comunidad de países arrodillados, sometida a los intereses usanos, se mostró escandalizada por los atropellos de los subversivos.
Pero desde que éstos cesaron su lucha revolucionaria, aunque la violencia común ha crecido exponencialmente y se expresa con gran virulencia a través de las tales “Maras” (combos barriales de asesinos), los cantos de sirena de los potentados han cesado, y eso que esas organizaciones de delincuencia común han conformado una auténtica internacional del crimen.
La violencia común que amarga a los ciudadanos de a pie, los tiene sin cuidado. Al oprobioso sistema dominante, las contradicciones entre el pueblo, originadas en la iniquidad, le sirven de fundamento para mantener la preeminencia de los potentados, al distraer las conciencias ciudadanas del análisis de las causas verdaderas de su miserable condición.
Es que si las gentes sumisas -o, sobre todo, las insurgentes enfrascadas en luchas intestinas-, reflexionan, fácilmente pueden concluir que la revolución armada es su único recurso para vivir con dignidad, pues cualquier otra expresión política está vedada. A quien la intente, lo matan alevemente.
A la guerrilla, en cambio, los gobernantes vendepatria no la han podido extinguir tan fácilmente, aunque insisten en exterminarla. No aceptan que la simple justicia social las dejaría sin razones para luchar. Los potentados lo saben pero no lo admiten, pues les arrebataría los privilegios a quienes, como dioses perversos (o demonios), viven de perpetuar esa iniquidad.
Motivos de capos
Sus maniobras para sabotear las conversaciones entre las guerrillas y la sociedad civil -que resaltan en el caso del hijo del profesor Moncayo-, constituyen bellacadas verbales de un demagogo “superior”, prevaricador y corrupto, quien considera que ya ha acumulado suficiente clientela electoral propia para perpetuarse en el poder.
Hasta se atreve a retar a los mismos amos del norte, aunque abriéndoseles de patas para que usen nuestro territorio a su conveniencia y contra quienes sea, desde que no sea contra los soportes que Uribe todavía no ha traicionado.
Entre las víctimas de sus felonías, es proverbial el helicoptericidio que sufrió en 2006, mientras adelantaba su campaña para el Senado, el furibundo importador de precursores químicos para la producción de cocaína, Pedro Juan Moreno, quien ahora es el fantasma del malogrado cofundador, con Álvaro Uribe Vélez, de las CONVIVIR (escuadrones de la muerte semipúblicos).
Fue el primer contradictor notable, mediante su revista La Otra Verdad, del presidente que lo despreció y no halló otra forma de callar esa “Verdad”, tan autorizada e irrefutable para los furibistas. Altas “razones de estado” (como llama Uribe su megalomanía) explican la desencartada que se pegó la patria por las riñas entre capos mayores. Ese corazón de Jesús sigue cuidándonos, sin duda.
Al gurú de Salgar no le importó que hubiese sido su Secretario de Gobierno y cómplice de sus abusos, que incluyen masacres y genocidios pavorosos, y negociados vergonzosos. También incluyen, ¡qué pecadito!, haberle arrebatado a puño limpio la gobernación a Fabio Valencia Cossio, y haber manipulado al electorado para garantizar su victoria en la primera ronda para las elecciones de 2002.
De haberse requerido una segunda ronda, Horacio Serpa lo habría pagado con su vida. El macabro personaje, además, era uno de los grandes “cacaos” que, como Edgar Lenis, Hernán Echeverría Olózaga o monseñor Duarte Cancino (ejecutado por las FARC), le daban órdenes a Carlos Castaño para asesinar colombianos inermes[1].
Su ambición es tan clara y escandalosa que, no en vano, la revista británica The Economist –reiterando las advertencias hechas a mediados de diciembre de 2009 por el periódico usano The Washington Post-,dedicó su primer editorial de 2010 a recomendarle a Uribe que renuncie a hacerse reelegir para que no manche su imagen impecable de estadista inmarcesible e inmortal, digno de inspirar nuestro himno nacional.
Han entendido que su apego al poder es enfermizo. De hecho, su acceso a él constituye el cumplimiento de un sueño político-empresarial de su familia, que han acariciado parientes como el conocido capo de capos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. O el caballista Fabio Ochoa y sus muchachos, integrantes de un famoso, precoz y poderoso cartel del narcotráfico de las derechas políticas, cuyos integrantes están pagando condenas por sus delitos en USA. O su asesor de cabecera, José Obdulio Gaviria Vélez, hermano de un par de reconocidos narcotraficantes e íntimo conocedor de los secretos del Estado, pero actuando como un particular, lo que le permite hacerlo con impunidad, según las interpretaciones acomodaticias del régimen, aunque su papel ha sido totalmente inconstitucional. O, entre muchos más que disfrutan del nepotismo desvergonzado, el famoso parapolítico Mario Uribe Escobar, hermano del Gerente del Banco de la República, José Darío.
El enaltecedor esfuerzo de Alvarito por impedir que su adorado primo sea procesado ha sido constante, pero no ha logrado amedrentar a las autoridades encargadas. Por eso, su afán por nombrar un Fiscal General de bolsillo es cada vez más evidente.
Ante la actitud erguida de la Corte Suprema de Justicia, que debe nombrarlo de la terna que le pase el presidente, éste ha considerado que los furibistas tienen la obligación de presionar a la Corte para que elija alguno de los candidatos de confianza del “Supremo”. Lo requiere la defensa del “Estado de Opinión” con el que Uribe, de hecho, reemplazó al “Estado Social de Derecho” pactado, a un alto costo y como inusual expresión democrática nacional, en la Constitución de 1991.
“Supremo”; así lo llaman en El Espectador desde que se le cayó el teflón, quizás porque ya entendieron que es el “supremo desastre” y la “suprema ruina” para la patria, que se está quedando no sólo sin la institucionalidad de la democracia representativa sino sin patrimonio público, mientras ve como destrozan los recursos naturales que el vendepatria les cede a inversionistas, preferiblemente extranjeros.
En eso de la concentración de poder, también se le está pareciendo Oscar Arias, empeñado en nombrar como Ombudsman o Defensor del Pueblo frente a las autoridades, a una señora de su entera confianza[2]. Es la manera de adulterar los tales pesos y contrapesos que la democracia representativa considera garantías contra el despotismo presidencial.
Sabiendo que las cosas son así, es claro que Uribe Vélez –quien no ha parado de adelantar una intensa campaña proselitista, de cuenta del erario, desde el primer día de su primer gobierno- no está dispuesto a renunciar a su presidencia vitalicia, y nada lo va a disuadir, ni siquiera el eventual rechazo de la Corte Constitucional a la convocatoria ilegal y tramposa a un referendo que autorice su segunda reelección.
Entre otras cosa, teme que, si pierde el poder, pronto perderá la libertad, pues su prontuario criminal es amplio y de vieja data, de modo que la Corte Penal Internacional no podrá ignorarlo. Quizás hasta nuestra propia Corte Suprema de Justicia se atreva a declarar la evidente inconstitucionalidad de la primera reelección, empoderada por el respaldo internacional que le permitió a su homóloga peruana condenar al corrupto demagogo, genocida populista, Alberto Fujimori; y buscando recuperar la dignidad perdida de la patria, tan pisoteada por el régimen mafioso.
Dicha inconstitucionalidad está demostrada, sin lugar a dudas, con los sobornos que tienen a cargo de la justicia a los congresistas de entonces, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, por un cohecho en el que los patrocinadores del gobierno para la compra de conciencias, incluidos varios ministros de estado, siguen disfrutando de una libertad absolutamente ilegal, que desean convertir en impunidad permanente.
De ahí su afán para generar la hecatombe que le permita justificar su anhelada permanencia en el poder. Sin duda, una guerra regional sería la excusa perfecta, pues su derrota a las guerrillas ya parece poco creíble, a pesar de que sigue alimentando tales ilusiones en sus seguidores.
Mientras tanto, quienes lo apoyaron pero no comparten su sangre, como los de la familia DMG o Rubén Darío Quintero, el primer ex alcalde popular de Rionegro, son notables víctimas de las traiciones del “Supremo”. A estas alturas, ya deben haberle quitado su respaldo, como se lo quitó la ex congresista Gina Paroddi, quien parece decente. Ojalá los demás aprendan y recuperen su dignidad. La salud del pueblo y el futuro de la patria lo exigen.
Ya entienden que Uribe es un dictadorzuelo con arrebatos místicos, cuyo caso trae a la memoria el del Dr. Francia en el Paraguay de la primera mitad del s. XIX. Como él, anhela morir ejerciendo el poder a su antojo y conveniencia, con normas cocinadas por el mismo.
Actos de guerrilleros
En la puja política surgida alrededor de las liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC sin mayores condiciones, contrasta su actitud con la del Gobierno. Mientras éste acude a toda clase de pretextos para sabotear la liberación, aunque dice estar ofreciendo todas las garantías; aquellas han insistido en liberar a dos militares, capturados en acciones de guerra, y devolver el cadáver de otro.
Siguen sosteniendo su oferta unilateral a pesar de la orden presidencial para que las fuerzas armadas procedan a los rescates a sangre y fuego, siempre repudiados por los familiares de las víctimas que saben que se trata de sentencias de muerte.
Al respecto, lo que han pedido los subversivos son garantías para que no los maten mientras proceden a las liberaciones. También piden que entre quienes los reciban estén el profesor Gustavo Moncayo, padre del cabo Moncayo, y Piedad Córdoba, en quienes confían y ven un vínculo real con la sociedad civil democrática no comprometida con los crímenes del régimen.
Aunque al presidente mafioso le horada el alma saberlo, la senadora es vista por todo el mundo como abanderada y precursora de esta expresión ciudadana -a la que la vida ha llevado al honesto profesor Moncayo-, capaz de establecer un contrato social democrático en el que quepa todo el pueblo.
Tal instrumento permitirá que los subversivos se integren a una sociedad realmente justa, equitativa y solidaria; pues construirla es su objetivo supremo, tanto como la razón fundamental para haber tomado las armas, declarándose en rebeldía contra el régimen oprobioso e inicuo imperante, cuyos paramilitares no pasan de ser bandidos comunes, muy inferiores a los guerrilleros en su motivación para tomar las armas.
Legítimos gestores de la solución
Tenemos que recuperar la iniciativa para pactar con los alzados en armas contra la república mafiosa, las condiciones que permitan su reconciliación con la sociedad.
Los logros de “Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz” se han materializado en las liberaciones unilaterales que hicieron las FARC, y cuya disposición de seguir haciendo, a su arbitrio, es conocida y constituye prueba concreta de esa decisión de entregarle la definición del futuro común a la sociedad civil ajena al poder en la república mafiosa, aunque es su principal víctima.
Semejante acuerdo popular espanta a las oligarquías. En particular, al capo que ejerce de presidente, pues sabe que sólo la perpetuación de la guerra y su vehemente discurso prometiendo el exterminio de la guerrilla que asesinó a su padre narcotraficante, le permitirían seguir contando con el apoyo de quienes están hartos con las guerrillas y siguen creyéndole a Uribe que es capaz de derrotarlas.
Sin duda, los potentados contrarrevolucionarios (¿será redundancia?) beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y de tantas riquezas públicas más, prefieren seguir apoyando a Uribe que permitirse perder el poder en manos de su legitimo dueño, el pueblo.
Es de esperarse que el pueblo prefiera recuperarlo, pero eso lo resuelve el pueblo; o sea, vos, todos los vos, que somos ciudadanos comunes y corrientes pero con un poder enorme, si actuamos como multitud consciente, informada y crítica en vez de como masa informe en manos de cualquier demagogo o culebrero.
La campaña electoral que se avecina nos exige a los colombianos aprovecharla para trazar las líneas estratégicas de nuestra convivencia, si es que esperamos sobrevivir y contar con un futuro.
O sea, de entrada exige una constituyente conformada por todo el pueblo que desee participar, en vez de por simples delegados o representantes que se tomen la vocería de las mayorías, como si fuésemos niños o estúpidos incapaces de expresarnos, opinar, polemizar y decidir.
Ahí está la oportunidad de ser gente o seguir como borregos.
Motivos de guerras
Álvaro Uribe Vélez, que ha pisoteado la Constitución Nacional como ha querido, no tiene ningún interés en cumplir el mandato constitucional más sagrado, que es la protección de la vida de los ciudadanos.
Su gran objetivo es perpetuarse en el poder, y sabe que para conseguirlo le es imprescindible atizar la guerra civil interna, aunque sigue empeñado en negar su existencia.
También cree que le conviene una regional, que contribuya a desatar la mundial en que vienen empeñados los halcones de Washington desde que se cranearon la derribada de las Torres Gemelas en 2001, para generar el caos mundial y fomentar el enfrentamiento entre culturas.
Ambos (caos y enfrentamiento) los pretendieron reforzar el 25 de diciembre de 2009, facilitando la voladura de un avión de pasajeros por un suicida fanatizado por Al Qaeda y sobre quien la CIA estaba suficientemente advertida. Afortunadamente, las potenciales víctimas reaccionaron oportunamente, evitando el aleve ataque y salvando sus vidas, lo que ha permitido apreciar la perfidia con que se planeó.
Los potentados insisten en fomentar el pavor y la desconfianza mutua entre los ciudadanos ingenuos, vejados, indefensos y crédulos, fanatizados al extremo para que no reflexionen, que confían en sus respectivos gobiernos y no entienden que éstos se sostienen por los enfrentamientos de todo tipo y a todos los niveles, que viven causando para ocultar y superar su inmensa crisis.
Con esos pretextos pueden justificar su inmisericorde derroche de bombardeos sobre la población indefensa de los países que deciden apoderarse. Tal consumo de armas; la reconstrucción de lo destruido, más lo que les aporte el saqueo de sus víctimas, les proporcionan suficientes riquezas para superar su ruina y suficiente capacidad de amedrentamiento para aplastar cualquier oposición.
Los halcones perversos que han llevado a cabo los atentados terroristas que le permitieron a uno de sus integrantes arrasar con los derechos civiles en escasos 8 años, consideran -como Uribe, su cipayo mafioso colombiano, condecorado por el asesino tarado, todavía impune, George W. Bush-, que promover y extender la guerra es la única forma que les queda para conservar el poder y continuar la opresión para los humanos y la destrucción para la biosfera.
Ejecución de ciudadanos
Reiterando su prevaricato constitucional –o sea, su rechazo a cumplir el mandato constitucional que le asigna al funcionario público que ejerza la presidencia, como su máxima misión, defender la vida de los habitantes-, Uribe aprovechó el secuestro del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar, ocurrido en diciembre de 2009, el día que cumplió 69 años, para anunciar que había ordenado los rescates a sangre y fuego.
¡No se le escapa que ya no está la madre de Ingrid Betancur denunciando ante el mundo esa orden como una sentencia de muerte! Por eso, esperó, como un idiota, quizás en honor de su mentor usano evidentemente cretino, que su acto pasara desapercibido para ese agitado mundo que, definitivamente, su mentalidad patriarcal le impide entender.
Pero todos sabemos, y las FARC lo han confirmado de sobra, que al menor indicio de rescate, los guerrilleros a cargo de los secuestrados tienen, bajo pena de muerte, la orden terminante de matarlos.
Así murieron los diputados del Valle, y eso que se trató de un falso ataque, pues el grupo que los custodiaba confundió a una cuadrilla de las FARC con gente del ejército. Y así murió, entre tantos más, el gobernador del Caquetá, menos de 24 horas después de haber sufrido su cuarto o quinto secuestro.
El anuncio del presidente Uribe fue, como es evidente para todo el mundo, una sentencia de muerte para los secuestrados que se intente rescatar. En este caso, la ejecutaron sumariamente los secuestradores, como si se tratase de soldados de la patria produciendo falsos positivos.
Después, con el mayor cinismo, Uribe se lavó las manos y les echó toda la culpa a esos “bandidos terroristas” (que se han alzado en armas contra el orden establecido, como todos sabemos pero él insiste en negar, aconsejado, entre otros portentos, por su sabio primo José Obdulio Gaviria Vélez, plagiador de la neo-lengua orwelliana, que ha contagiado a la jauría uribista).
Su “destino manifiesto” y sus “encrucijadas del alma” le impiden entender que él –que juró defender la Constitución que los subversivos combaten- es peor. Lo ha ratificado al precipitar esas ejecuciones y poner todos los obstáculos posibles a las liberaciones unilaterales que las FARC han acordado con la sociedad civil, como muestra de buena voluntad.
Desde luego, también lo hacen, ¡sí, cómo no!, como actos políticos propagandísticos que buscan reivindicar el carácter beligerante de la guerrilla y desprestigiar al régimen mafioso y a su gran arcipreste, el inefable Uribe.
Es que son delincuentes políticos y no simples asesinos y bandidos, como los que están al servicio del régimen, conformando los famosos “escuadrones de la muerte” a los que son tan aficionadas las dictaduras. En Colombia los conocemos genéricamente como paramilitares.
El “héroe” que nos desgobierna, desprecia la vida de los ciudadanos y no le perdona al profesor Moncayo que no se le haya arrodillado en la Plaza de Bolívar cuando, luchando con sus limitados recursos por la libertad de su hijo, culminó su primera caminata solicitándoles a las FARC ese gesto de humanidad que, por fin, accedieron a otorgarle en abril de 2009, pero que Uribe ha hecho todo lo posible por frustrar, incluyendo el anuncio que le costó la vida, degollado por sus secuestradores, al gobernador del Caquetá.
Revolución auténtica
Ante tantas realidades atroces, tenemos la obligación de asumir nuestra soberanía personal y realizar una revolución auténtica. O sea, la que surge directamente del pueblo y le reconoce a todas las personas esa condición, sin exclusiones de clase ni de nada, sin representantes ni intermediarios, sin caudillos ni gobernantes.
Su deber fundamental es crear instituciones de todo tipo, al servicio y bajo el control del pueblo, ajenas a la politiquería, la corrupción y el clientelismo que caracterizan las existentes en todos los países. Éstas constituyen rezagos del poder monárquico ajeno a cualquier asomo de democracia, pues fue construido alrededor de privilegios para los poderosos, pero su dinámica de cooptación para los funcionarios del estado la conservaron las vanas democracias representativas surgidas de la Revolución Francesa.
Para lograrlo, la única vía aceptable es la democracia directa. Ejerzámosla. Nadie podrá impedirlo ni imponerse. Es un asunto de verdaderas mayorías defendiendo de la mejor manera posible los intereses comunes. De eso se trata.
No en vano, la conferencia entre las FARC y el ELN, reunida en noviembre de 2009, declaró que: “El capitalismo está en crisis. El imperio, como siempre lo ha hecho, trata de conjurarla por medio de la guerra, y es así como incrementa las tropas de ocupación en Afganistán enviando decenas de miles a sumarse a los ya existentes. Hoy Colombia es convertida en una gran Base Militar a su disposición para ahogar en sangre la resistencia de nuestro pueblo y, desde aquí, pretende hacer retroceder el nuevo proyecto en nuestra América que cabalga por sus valles y montañas. Como respuesta a esta pretensión guerrerista urge rescatar la bandera de la paz en Colombia como un compromiso de todo el continente”
Y ambas guerrillas afirman que: “Solo la unidad y acción decidida de los colombianos patriotas, de los demócratas, de los revolucionarios y de todos quienes guardamos esperanzas en la solución política podrá detener la guerra, hallar la paz y hacer posible la construcción de una Colombia Nueva que nos incluya en la definición de su destino que no será ajena a las nuevas dinámicas que hoy se viven en nuestra América”.
Para despejar las dudas que las oligarquías intentan generar con infundios, difundidos a través de sus medios de comunicación, los guerrilleros aclaran que: “Nuestro único enemigo es el imperialismo norteamericano y su oligarquía lacaya; en su contra, comprometemos toda nuestra energía combativa y revolucionaria” (negrillas agregadas)
Es bueno saber qué proponen esos “bandidos terroristas”, a quienes Uribe se ha esmerado en equiparar con sus amigos paramilitares, calificándolos a todos de “grupos armados ilegales”, lo que les infundió a los últimos la idea de que no eran bandidos comunes sino salvadores de la patria, con derecho a gobernarla.
Así lo manifestaron Báez y Mancuso, nada menos que en el Congreso, cuando la Ley de Justicia y Paz estaba recién presentada y era una visa a la impunidad, a la cual la Corte Suprema de Justicia se encargó de ponerle unos pequeños incisivos que, de todos modos, han dado al traste con la impunidad absoluta y han causado el enfrentamiento entre capos asesinos y capos políticos. Y entre éstos y lo poco decente que aún se conserva en la inicua institucionalidad vigente.
En síntesis, es asunto de todos los ciudadanos enfrentar el régimen mafioso neoliberal, que se ha venido consolidando desde el gobierno de Misael Pastrana, el presidente espurio, y que Alfonso López Michelsen apuntaló nombrando a uno de sus más dilectos representantes como jefe de la Aeronáutica Civil para autorizar pistas y aeronaves que rápidamente le dieron a Colombia la preponderancia en el negocio de las drogas del placer ilegalizadas, tan demandadas por sus adictos.
Recogiendo la propuesta de los parapolíticos -traidores de la Constitución que juran defender al aceptar sus nombramientos a los cargos públicos-, pero otorgándole un carácter eminentemente popular, opuesto al propósito de los capos, entre todos debemos “refundar la patria” para que garantice la justicia social en que se fundamenta una paz real, confiable y fructífera.
Y debemos denunciar la intentona de refundación que gestó Andrés Patrana, quizás para completar la faena mafiosa y neoliberal que inició su padre desde 1970, y que vino a conocerse por las osadías de los funcionario nombrados por Uribe, convencidos de que ya podían sacar a la luz su perverso pacto contando con la impunidad asegurada por la Ley de Justicia y Paz. Querían asegurarse de que la Historia les reconociese su anticonstitucional y canallesca iniciativa, pues la sintieron e interpretaron como heroísmo.
Pero un Estado al servicio del pueblo, es algo que sólo se conquista con una revolución democrática auténtica, llena de pueblo. No puede ser simple fruto de una victoria militar de la guerrilla sobre las fuerzas del Estado, inclusive si es el brazo armado de un partido político fuerte.
Eso ya lo vivimos y superamos con las experiencias del s. XX en otros países que lograron vencer a sus potentados, supuestamente; pero que no pudieron hallar un camino de verdadera justicia, libertad, igualdad y solidaridad, pues es algo que toda jerarquía niega por su propia naturaleza elitista y excluyente.
Su verdadera consolidación exige una sociedad plana u horizontal, donde todos tengamos el mismo valor esencial y podamos realizar nuestra singularidad, sin cortapisas.
Este es nuestro reto: Realizar la revolución como una opción libre de las mayorías, y no como un acto de salvación propiciado por algunos “héroes” organizados en partidos políticos o en camarillas de notables; ni, mucho menos, como el resultado de un desangre, siempre fratricida, que sólo produciría un gobierno de criminales, por políticos que sean.
Esas hemorragias pertenece a la Historia. Pero la Nueva Era las repudia. Por eso, los caudillos que disponen de las vidas ajenas a su arbitrio, no tiene cabida en ella. Está abierta para la participación activa de todos los ciudadanos. Es asunto de todos imponerla, simplemente participando. Procedamos. Empecemos a debatir, para poder saber qué decidimos. Se oyen propuestas.
Por ejemplo, ¿Cuáles son las medidas radicales y eficaces que hay que tomar para frenar de una vez por todas el calentamiento global; o la destrucción del medio ambiente; o la extinción acelerada de especies; o la guerra que salvaría a los halcones y les permitiría a los sionistas salirse con las suyas en contra de los palestinos?
¿Cuáles son los asuntos que nos compete resolver a todos los humanos, mediante la solidaridad y evitando los enfrentamientos que fomentan esos halcones? Puedes decirlo. Tu propuesta u opinión se difundirá a la velocidad de la luz, sin mayor esfuerzo tuyo y sin que tengas que privarte de ejercer tu soberanía o delegar tus opiniones y poderes intrínsecos en algún representante o delegado.
No habrá barreras ideológicas sino reflexiones de miembros de la especie, para considerar las ideas que nos garanticen la vigencia absoluta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, de modo que el mundo se organice en función de la defensa de la vida y no de los privilegios de unos cuantos potentados empeñados en extinguirla, que se han constituido en enemigos objetivos de toda la humanidad y quieren sumirnos en una guerra de exterminio que tenemos la obligación de desenmascarar y evitar.
Todo es cuestión de humanidad; de sentirse humano y no esclavo de los que sí lo son o, inclusive, dicen ser superiores. Sin apoyo, éstos no son más que ninguno. Quienes los apoyan, son sus extensiones, pero en sí mismos se convierten en nadie.
Cada uno resuelve cuál papel va a desempeñar. Si desea seguir como siervo, está en todo su derecho. Pero, muy posiblemente, va a hacer parte de una minoría despreciable que está resuelta a dar la vida por sus opresores.
Es de esperarse que las mayorías se expresen como seres dignos, libres, soberanos, capaces de construir un futuro que los potentados insisten en negarnos a todos.
De no proceder así, no merecemos ningún futuro, a no ser como esclavos, acompañando los cadáveres de los potentados en sus mausoleos.
[2] “Quiero sumar mi voz de protesta a las de otros ciudadanos que han denunciado vehementemente el nombramiento de doña Ofelia Taitelbaum, exdiputada oficialista, en la Defensoría de los Habitantes. Los diputados le hacen un magro servicio a la democracia costarricense”. Jorge Guardia, dic. 22/2009
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